January 17, 2022

España aborda el abuso de los trabajos temporales

Servidores que encadenan contratos de semana a semana; un personal de comedor escolar público cuyo contrato finaliza cada año en vísperas de las vacaciones de verano para reanudarse al inicio del curso escolar; trabajadores de la construcción que son contratados sólo por tiempo indefinido de la obra de un edificio; por no hablar de la pléyade de empleados de todo tipo, contratados de lunes a viernes para que su empleador, a veces la propia administración pública, evite pagarles los fines de semana… En Madrid, el Gobierno de izquierdas del socialista Pedro Sánchez ha tomado medidas ambiciosas para limitar estos abusos, bajo la presión de la Unión Europea (UE), que lo ha puesto como condición el pago de fondos del plan de recuperación. Y por causa. España es el país de la UE con mayor proporción de empleados cubiertos por un contrato temporal.

Según Eurostat, el 24,2% de los asalariados españoles tienen un contrato de duración determinada (CDD), un contrato de servicios, trabajo, estacional, eventual o diario, mientras que en la UE los empleos temporales representan, de media, el 13,5% del total (15,3 % en Francia). Peor aún, casi un tercio de los contratos firmados en España tienen una duración inferior a siete días, según el Instituto Español de Estadística.

Si bien la tasa de temporalidad suele asociarse a las peculiaridades del tejido productivo español, y en particular al peso del sector servicios y turístico, lo cierto es que afecta a todos los sectores de actividad, incluida la administración pública, donde el 30% de la Los empleados tienen un contrato temporal.

Para poner fin a esta anomalía, el Gobierno aprobó, el 28 de diciembre de 2021, un decreto ley de medidas urgentes para la reforma del trabajo, la garantía de la estabilidad del empleo y la transformación del mercado laboral. Ahora busca apoyo en el Parlamento para validarlo.

Acuerdo “histórico”

El texto es el resultado de un acuerdo. “Histórico” entre las grandes centrales sindicales y las principales patronales sobre un texto común, según el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Los contratos de duración determinada deberán ser justificados previamente por el empleador en función de las necesidades de producción y limitados a un período de seis meses (prorrogables hasta un año), salvo que tengan por objeto la sustitución de un trabajador ausente. Las personas que permanezcan dieciocho meses con contratos de duración determinada en la misma empresa en el espacio de dos años se reclasifican automáticamente en contratos indefinidos. Utilizado masivamente en el sector de la construcción, pero también a través de empresas subcontratistas, “contratos de obras y servicios”, cuyo término no está estipulado y por tanto puede ser notificado en cualquier momento -y cuya duración puede extenderse hasta cuatro años-, simplemente desaparecer.

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